Tras el foro desarrollado el 26 de Junio, las comunidades que viven las consecuencias de un desarrollo que para ellos solo ha significado más pobreza, han escrito una carta, dando a conocer lo que viven y lo que reclaman de parte de las autoridades para revertir una situación tan dramática que nunca pidieron, sino que se las impusieron.
CARTA ABIERTA
Señor Presidente de la República. Martín Vizcarra Cornejo
Señor Presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo
Señor Ministro de Agricultura, Gustavo Eduardo Mostajo
Ocola
Señora Ministra del Ambiente, Fabiola Martha Muñoz Dodero
Señor Ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes Mezzano
Señora Ministra de Desarrollo e Inclusión
Social, Liliana
Del Carmen La Rosa Huertas
Señor Presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente
y Ecología del Congreso de la
República, Wilber Rozas Beltrán
Señor Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho
Señor Director de la
Autoridad Nacional del Agua, Walter Obando Licera
Señor Gobernador de la Región San Martín, Victor Noriega Reátegui
Señor Gobernador de la Región Loreto, Fernando Meléndez Celis
Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial
de Alto Amazonas, Edwer
Tuesta Hidalgo
Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial
de Lamas, Fernando del
Castillo Tang
Señor Gerente General del Grupo Palmas, Renzo Balarezo Cino
Señores Comunicadores Sociales y opinión
pública
De: 14 comunidades afectadas por las
plantaciones de las empresas del Grupo Palmas, en los Valles del Huallaga,
Shanusi y Cainarachi, en la región Loreto y San Martín: Bella Selva, Nuevo
Arequipa, San Miguel, San Joaquín, Jorge Chávez, San Pedro de Mayrujay; Túpac
Amaru, Independencia, Cotoyacu, Roca Fuerte; Nuevo Ica, Leoncio Prado,
Comunidad Campesina San José Obrero, Comunidad Nativa Kechwa Los Angeles.
El DECRETO SUPREMO No. 015-2000-AG, en su
Art. 1, declaró de INTERÉS NACIONAL LA
INSTALACIÓN DE PLANTACIONES DE PALMA ACEITERA, para promover el desarrollo sostenible y socio económico de la Región Amazónica y contribuir a la recuperación de suelos
deforestados por la agricultura migratoria y por el desarrollo de
actividades ilícitas. El espíritu de esta norma, era recuperar los suelos
degradados. Contrariando este claro fin, se han adjudicado de manera dominante,
tierras que eran bosques primarios, aguajales, humedales, lugar
de nacientes de agua, para el desarrollo de proyectos de cultivo de palma
aceitera.
El
Dec. Ley 28611, estableció que los recursos naturales deben servir para elevar
el nivel de vida de la mayor cantidad posible de peruanos y lo que es más
precisa que las normas sobre recursos naturales son de orden público y que son
nulas de pleno derecho todo convenio que lo contravenga. No obstante ello, estas adjudicaciones han
servido de medio indiscutible, para la concentración de grandes cantidades de
tierra en favor de pocas personas, con el consiguiente, despojo de las
posesiones de innumerables agricultores
instaladas dentro de las tierras adjudicadas y aledañas.
La
Ley General de Aguas y hoy la Ley de Recursos Hídricos, precisaron que las
fajas marginales son propiedad pública que no se puede vender, igual
característica tienen los aguajales humedales y los lugares que son cabeceras
de cuenca y nacientes de agua, pero es evidente que se hicieron grandes
adjudicaciones, sin tener en cuenta estas áreas publicas, desconociendo el
mandato imperativo de estas normas.
Esta
forma desacertada del accionar del Estado, promoviendo solo el desarrollo
económico, obviando los vitales factores: social, cultura, ecológico y el interés de las
futuras generaciones, ha producido un desastroso resultado contra el medio
ambiente y la pauperización del hombre del campo instalado dentro y en zonas
aledañas a las áreas adjudicadas, en virtud de haberse visto privados de su
tierra, de su agua, de su alimento, de su oxígeno; y ante la profundización del
problema, las autoridades, ciudadanos y ciudadanas y
organizaciones representativas de las comunidades de los Valles Shanusi,
Huallaga y Cainarachi de las Regiones San Martin y Loreto, colindantes de los
predios Palmas del Shanusi de propiedad de la Empresas Palmas del Shanusi S.A.
y Palmas del Oriente de propiedad de la Empresa Palmas del Oriente S.A., ambas
pertenecientes al Grupo Palmas, hemos realizado el Foro: “Impactos
socio-ambientales de las plantaciones del Grupo Palmas en comunidades colindantes
de los Valles del Huallaga, Shanusi y Cainarachi” el día 26 de Junio de
2018, fecha conmemorativa del “Día Internacional de la Preservación de los
Bosques Tropicales”, concluyendo lo siguiente:
1.
Este Foro, lo hemos realizado las comunidades
colindantes a los predios de las empresas del Grupo Palmas, con el fin de hacer
visible ante las autoridades y opinión
pública, la miseria a la cual nos han sometido el Estado y las empresas
adjudicatarias de tierras, para desarrollar
proyectos de cultivo de palma aceitera.
- El
Ministerio de Agricultura, hace más de 10 años, adjudicó extensas áreas de bosques
primarios: el 26/07/2006 a la
empresa Agroexportadora Shanusi hoy Palmas del Shanusi S.A., en una
extensión de 7029.28 Has., a un costo de 124,728.29 (ciento veinticuatro
mil setenciones veintiocho nuevos soles equivalente a 17.74 Nuevos Soles
la hectárea); el 20/03/2007 a la Empresa Agrícola del Caynarachi hoy
Palmas del Oriente S.A. en una extensión de 3,000 Has., a un costo de
450.000,00 nuevos soles (equivalente a 150,00 Nuevos Soles la hectárea),
para la siembra de palma aceitera, como una supuesta alternativa
importante de desarrollo para las comunidades de las Regiones de Loreto y
San Martín.
- Esta
adjudicación ha sido contraria a las normas ya citadas y al clamor mundial
de conservar del medio ambiente.
- El
Ministerio de Agricultura y sus Direcciones Regionales de Agricultura, el
Ex Inrena hoy Autoridad Regional Ambiental, la Autoridad Local del Agua,
DIGESA, los entes encargados de administrar justicia, el Ministerio
Público y Poder Judicial, han destacado por su actitud de complicidad con
las empresas adjudicatarias, desoyendo nuestros reclamos, avalando la
ilegalidad.
- Las
empresas Palmas del Oriente S.A. y Palmas del Shanusi S.A. en vez de
solicitar la adjudicación de tierras degradadas, como lo manda la norma, han
solicitado territorios con abundante bosque primario; han lucrado con la
tierra y la madera de bosques primarios; teniendo en cuenta solo su
interés se han permitido desviar, drenar y descolmatar quebradas, al punto
que muchas comunidades ya no tienen agua; han desaparecido cuerpos de agua –cochas como
por ejemplo la famosa Cocha Muerta- y cientos de hectáreas de aguajales
como lo ocurrido en las comunidades de Jorge Chávez y San Pedro de
Mayrujay; han contaminado el agua originando la desaparición de los peces
que abastecían de alimento a nuestras familias y ya no podemos usar el agua de la quebrada para satisfacer
nuestras necesidades básicas, como
acontece en el Yanayacu, Cotoyacu, Yurac, Cunchizapa, Ushpayacu, Limón,
Zancudo, etc. Algo más grave aún, cuando se hace los exámenes de laboratorio el resultado precisa
que no está contaminada, pero la realidad es otra, ya que se mueren
nuestros animales que consumen el agua y los peces han desaparecido.
Nuestra conclusión es que son exámenes manipulados.
- Estas
grandes empresas fumigan sus cultivos con avioneta, utilizan pesticidas, cuyas
componentes son perjudiciales a la salud humana, a la flora y fauna
silvestre, a las fuentes de agua consumimos, a las áreas de cultivo de
panllevar, quebrantándose nuestra salud día a día.
- Asimismo,
estas empresas, han comprado
predios con constancias de posesión extendidas de favor y en gran parte
mediante documento en el que faltándose a la verdad, se precisa que compran áreas desboscadas, siendo que
tienen bosque y en esta forma se benefician con la madera y evitan la
exigencia del estudio de impacto ambiental y de la autorización de
desbosque. Los campesinos son
procesados por delito contra los bosques y bosques en formación,
supuestamente por haber talado, sin
el permiso de desbosque, pero en realidad, son las empresas compradoras
las que están desboscando y beneficiándose ilegalmente de la tierra y de
la madera.
- Se
benefician también con la extracción
ilegal (roban) de material no metálico, destruyendo los bosques y
nacientes de agua como el caso del Cerro Lorocache que afecta a las
comunidades de Nuevo Ica, Leoncio Prado, San José Obrero, Nuevo Arequipa,
San Miguel, Jorge Chávez, San Pedro de Mayrujay, y otros cerros entre las
comunidades de Independencia y Roca Fuerte.
- Han
acaparado tierras con compra venta fraudulentas, bajo presión y violencia
en algunos casos, utilizando testaferros y grupos de vigilancia armados,
de tal manera que ya existen comunidades en que una gran mayoría de la
población no tienen tierra.
- Vienen
impidiendo el acceso de los posesionarios a sus predios con la colocación
de tranqueras en los caminos públicos.
Nos
han afectado y nos siguen afectando sin que ni el Estado ni la empresa quieran
hacerse responsables. Por ello, exigimos:
- Que se revisen los
procesos de adjudicación, los plazos, los costos y los espacios
adjudicados y, hasta los redimensionamientos de los BPP a que fueron
sujetos esos territorios.
- Que se haga una
inspección, se haga un inventario
de todas las fuentes te agua que nacen y cruzan los predios de
Palmas del Oriente y Palmas del Shanusi, antes y ahora. Se verifique si se han respetado las fajas
marginales. Si tienen los permisos para desviar o secar cuerpos de agua,
como el caso de la Cocha Muerta.
- Que se restituyan las
fuentes de agua que abastecían nuestras comunidades. Nunca nos faltó buena agua para lavar,
bañar, cocinar, ni peces para la comida. Hoy nos traen agua a algunas
comunidades, en camiones cisterna, sin que nadie garantice su calidad.
- Que se inspeccione los lugares de
extracción de material no metálico y se verifique si cuentan con los
permisos correspondientes. Exigimos nuestro derecho al agua antes que el ripio para sus
trochas.
- Que se revisen los
procesos de Títulos Supletorios en el Poder Judicial de Alto Amazonas, y que se devuelva la tierra a sus posesionarios
que han tenido que desprenderse bajo presión.
- Que se revise y se
sancione los daños ambientales ocasionados a nuestros pueblos:
§
El Agua
contaminada de quebradas y caños que discurren por el territorio: quebrada
Cotoyacu (Comunidad de Cotoyacu); Yanayacu (Comunidad de Puerto Perú y
Cotoyacu); Yurac (Comunidad de Bella Selva, San Miguel, Nuevo Arequipa, San
Joaquín); Cunchizapa (Comunidad de San Fernando, Leoncio Prado);Chanca Motelo,
Chambira (Comunidad Campesina San José Obrero), entre otras.
§
Los aguajales
destruidos en las comunidades de Jorge Chávez y San Pedro de Mayrujay.
§
Los bosques
destruidos, los permisos de cambio de uso de suelo y permiso de desbosques en
ambas adjudicaciones.
- Que se respeten los derechos de
servidumbre. Que la
autoridad correspondiente verifique y obligue a las empresas de sacar las tranqueras
puestas en lugares que siempre fueron caminos de todos los vecinos de las
comunidades de: Independencia, Jorge Chávez, San Pedro de Mayrujay, Puerto
Perú, Cotoyacu.
- Que se evalúen los Estudios de Impacto
Ambiental, ya que los
daños producidos son mayores que los previstos en los EIA.
En consecuencia, el modelo de
desarrollo propuesto e impuesto por la corrupción imperante, NO ES DESARROLLO
SINO DESTRUCCION DE LAS VERDADERAS POSIBILIDADES QUE TIENEN LOS PUEBLOS PARA
GENERAR SU PROPIO DESARROLLO. DEMANDAMOS RESPUESTA Y ACCIONES CONCRETAS E
INMEDIATAS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y A LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS, REMEDIAR
LOS PASIVOS AMBIENTALES.
¡LA JUSTICIA Y EL DESARROLLO
SE CONSTRUYE RESPETANDO LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y DE TODO SER
VIVIENTE!
Yurimaguas, 24 de
Julio de 2018