La Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos
Indígenas u Originarios del 2011, en acuerdo con el Convenio 169 de la OIT,
establece que los pueblos indígenas tengan que ser informados, escuchados y
puedan presentar propuestas, respecto a medidas legislativas o administrativas
que afecten directamente sus derechos colectivos, su existencia física,
identidad cultural, calidad de vida o desarrollo, con el fin de alcanzar
acuerdos entre el Estado y los mismos pueblos.
A pesar de la existencia de esta ley, muchos proyectos
impulsados por el Estado Peruano para crear infraestructura, no han sido
consultados con las comunidades campesinas y nativas afectadas, y no se han
tomado en cuenta los impactos que generan. Es este el caso del megaproyecto de
la Línea de Transmisión Moyobamba-Iquitos que afecta decenas de comunidades de
nuestra Amazonía.
Esta línea tendrá una longitud de 630 km, y podrá
transportar 150 megavatios (MW), el triple del consumo actual en Iquitos. El
recorrido de la línea irá desde la subestación Moyobamba
Nueva hasta una
subestación en Iquitos. En el camino, se construirá, también, otra subestación denominada Subestación intermedia. El
Consorcio Isolux se adjudicó la obra.
Se trata de un proyecto muy importante para la ciudad
de Iquitos, pero no contempla dotar de electricidad a las comunidades que
atravesará en su recorrido. La línea de transmisión atravesará una parte de la
selva todavía incontaminada, por lo tanto los posibles impactos ambientales
podrían ser muy profundos: deforestación,
penetración de taladores ilegales, de empresas de palma aceitera, de mineros y
cazadores. Y las consecuencias más graves recaerán sobre las comunidades
nativas que viven en la zona. A pesar de todo esto, ningún proceso de Consulta Previa ha sido realizado y la obra ya se
viene ejecutando.
Estos proyectos millonarios rompen con la tranquila
vida de los indígenas, afectando el territorio donde ellos viven, la comida de
la cual se nutren y, llevando las comunidades a dividirse en conflictos
internos. Un ejemplo en este sentido es lo que está pasando en las comunidades
de la cuenca del Nucuray, en el distrito de Lagunas, provincia de Alto
Amazonas.
En esta zona se encuentran 14 comunidades que están
unidas en una Federación Quechua-Kandozi, y precisamente por el proyecto se
fragmenta la unidad y se ha conformado la Federación Quechua dejando de lado a
los Kandozi, quienes reclaman ser consultados en este proyecto y al cual se
oponen.
La empresa Isolux, que ha estipulado con el Estado el
contrato para la construcción de la línea de transmisión, ya está avanzando con
la instalación de las torres de apoyo para el transporte de la energía
eléctrica. Estas torres se están instalando en el territorio perteneciente a 2
de las 14 comunidades de la asociación. Algunos socios denuncian la excesiva
deforestación que se está produciendo en la zona por culpa de la empresa.
Según lo que refieren algunos comuneros, para que los
pobladores pertenecientes a las dos comunidades más afectadas estén “tranquilos”
y no creen problemas -permitiendo así el regular avance de la obra-, Isolux ha
adoptado la estrategia de donar regalos, útiles y dinero, ganándose de esta
forma el apoyo de una parte de la población.
Las autoridades indígenas se están dando cuenta del
alto nivel de deforestación en su territorio y de los impactos negativos que la
construcción de la obra está causando, pero al mismo tiempo las divisiones
internas de las comunidades, causadas por la actitud de la empresa, impiden que
se tomen acciones concretas frente a estos problemas.
Si se hubiese realizado desde un comienzo el proceso
de Consulta Previa, así como establece la ley, quizás estos problemas e
impactos se habrían podido analizar previamente y mitigar hasta eliminarlos.
Así como ha afirmado Jorge Pérez,presidente de la Organización Regional de Pueblos Indígenas
del Oriente (ORPIO), otra de las organizaciones de indígenas que son afectados
por este megaproyecto: “No estamos en
contra del proyecto, solo exigimos el cumplimiento de la ley, que dispone la
ejecución de la Consulta Previa en proyectos que pasen por territorios
indígenas, para determinar el nivel de afectación a nuestros recursos del
bosque”.
Lamentablemente en el Perú actual la Ley de Consulta Previa
sigue siendo ignorada de parte de quien la tiene que hacer cumplir, o sea el
Estado. Los intereses económicos son siempre privilegiados en perjuicio de la
calidad de vida de la población indígena y del medio ambiente.
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