COMUNIDADES AFECTADAS POR LAS PLANTACIONES DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO PALMAS ESCRIBEN A LAS AUTORIDADES

 Tras el foro desarrollado el 26 de Junio, las comunidades que viven las consecuencias de un desarrollo que para ellos solo ha significado más pobreza, han escrito una carta, dando a conocer lo que viven y lo que reclaman de parte de las autoridades para revertir una situación tan dramática que nunca pidieron, sino que se las impusieron.  

CARTA ABIERTA

Señor Presidente de la República. Martín Vizcarra Cornejo

Señor Presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo

Señor Ministro de Agricultura, Gustavo Eduardo Mostajo Ocola

Señora Ministra del Ambiente, Fabiola Martha Muñoz Dodero

Señor Ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes  Mezzano

Señora Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Liliana Del Carmen La Rosa Huertas

Señor Presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología  del Congreso de la República,    Wilber Rozas Beltrán

Señor Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho

Señor Director de la Autoridad Nacional del Agua, Walter Obando Licera

Señor Gobernador de la Región San Martín, Victor Noriega Reátegui

Señor Gobernador de la Región Loreto, Fernando Meléndez Celis

Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, Edwer Tuesta Hidalgo

Señor Alcalde de la Municipalidad Provincial de Lamas, Fernando del Castillo Tang

Señor Gerente General del Grupo Palmas, Renzo Balarezo Cino

Señores Comunicadores Sociales y opinión pública

De: 14 comunidades afectadas por las plantaciones de las empresas del Grupo Palmas, en los Valles del Huallaga, Shanusi y Cainarachi, en la región Loreto y San Martín: Bella Selva, Nuevo Arequipa, San Miguel, San Joaquín, Jorge Chávez, San Pedro de Mayrujay; Túpac Amaru, Independencia, Cotoyacu, Roca Fuerte; Nuevo Ica, Leoncio Prado, Comunidad Campesina San José Obrero, Comunidad Nativa Kechwa Los Angeles.

El DECRETO SUPREMO No. 015-2000-AG, en su Art. 1,  declaró de INTERÉS NACIONAL LA INSTALACIÓN DE PLANTACIONES DE PALMA ACEITERA,  para promover el desarrollo sostenible y socio económico de la Región Amazónica y contribuir a la recuperación de suelos deforestados por la agricultura migratoria y por el desarrollo de actividades ilícitas. El espíritu de esta norma, era recuperar los suelos degradados. Contrariando este claro fin, se han adjudicado de manera dominante, tierras que eran  bosques primarios, aguajales, humedales, lugar de nacientes de agua, para el desarrollo de proyectos de cultivo de palma aceitera.

El Dec. Ley 28611, estableció que los recursos naturales deben servir para elevar el nivel de vida de la mayor cantidad posible de peruanos y lo que es más precisa que las normas sobre recursos naturales son de orden público y que son nulas de pleno derecho todo convenio que lo contravenga.  No obstante ello, estas adjudicaciones han servido de medio indiscutible, para la concentración de grandes cantidades de tierra en favor de pocas personas, con el consiguiente, despojo de las posesiones de innumerables agricultores  instaladas dentro de las tierras adjudicadas y aledañas.

La Ley General de Aguas y hoy la Ley de Recursos Hídricos, precisaron que las fajas marginales son propiedad pública que no se puede vender, igual característica tienen los aguajales humedales y los lugares que son cabeceras de cuenca y nacientes de agua, pero es evidente que se hicieron grandes adjudicaciones, sin tener en cuenta estas áreas publicas, desconociendo el mandato imperativo de estas normas.

Esta forma desacertada del accionar del  Estado, promoviendo solo el desarrollo económico, obviando los vitales factores:  social, cultura, ecológico y el interés de las futuras generaciones, ha producido un desastroso resultado contra el medio ambiente y la pauperización del hombre del campo instalado dentro y en zonas aledañas a las áreas adjudicadas, en virtud de haberse visto privados de su tierra, de su agua, de su alimento, de su oxígeno; y ante la profundización del problema,  las autoridades, ciudadanos y ciudadanas y organizaciones representativas de las comunidades de los Valles Shanusi, Huallaga y Cainarachi de las Regiones San Martin y Loreto, colindantes de los predios Palmas del Shanusi de propiedad de la Empresas Palmas del Shanusi S.A. y Palmas del Oriente de propiedad de la Empresa Palmas del Oriente S.A., ambas pertenecientes al Grupo Palmas, hemos realizado el Foro: “Impactos socio-ambientales de las plantaciones del Grupo Palmas en comunidades colindantes de los Valles del Huallaga, Shanusi y Cainarachi” el día 26 de Junio de 2018, fecha conmemorativa del “Día Internacional de la Preservación de los Bosques Tropicales”, concluyendo lo siguiente:

1.       Este Foro, lo hemos realizado las comunidades colindantes a los predios de las empresas del Grupo Palmas, con el fin de hacer visible ante las autoridades y  opinión pública, la miseria a la cual nos han sometido el Estado y las empresas adjudicatarias de tierras, para desarrollar  proyectos de cultivo de palma aceitera.

2. El Ministerio de Agricultura, hace más de 10 años,  adjudicó extensas áreas de bosques primarios: el 26/07/2006  a la empresa Agroexportadora Shanusi hoy Palmas del Shanusi S.A., en una extensión de 7029.28 Has., a un costo de 124,728.29 (ciento veinticuatro mil setenciones veintiocho nuevos soles equivalente a 17.74 Nuevos Soles la hectárea); el 20/03/2007 a la Empresa Agrícola del Caynarachi hoy Palmas del Oriente S.A. en una extensión de 3,000 Has., a un costo de 450.000,00 nuevos soles (equivalente a 150,00 Nuevos Soles la hectárea), para la siembra de palma aceitera, como una supuesta alternativa importante de desarrollo para las comunidades de las Regiones de Loreto y San Martín.

3. Esta adjudicación ha sido contraria a las normas ya citadas y al clamor mundial de conservar del medio ambiente.

4. El Ministerio de Agricultura y sus Direcciones Regionales de Agricultura, el Ex Inrena hoy Autoridad Regional Ambiental, la Autoridad Local del Agua, DIGESA, los entes encargados de administrar justicia, el Ministerio Público y Poder Judicial, han destacado por su actitud de complicidad con las empresas adjudicatarias, desoyendo nuestros reclamos, avalando la ilegalidad.

5. Las empresas Palmas del Oriente S.A. y Palmas del Shanusi S.A. en vez de solicitar la adjudicación de tierras degradadas, como lo manda la norma, han solicitado territorios con abundante bosque primario; han lucrado con la tierra y la madera de bosques primarios; teniendo en cuenta solo su interés se han permitido desviar, drenar y descolmatar quebradas, al punto que muchas comunidades ya no tienen agua; han  desaparecido cuerpos de agua –cochas como por ejemplo la famosa Cocha Muerta- y cientos de hectáreas de aguajales como lo ocurrido en las comunidades de Jorge Chávez y San Pedro de Mayrujay; han contaminado el agua originando la desaparición de los peces que abastecían de alimento a nuestras familias y ya no  podemos usar el agua de la quebrada para satisfacer nuestras necesidades  básicas, como acontece en el Yanayacu, Cotoyacu, Yurac, Cunchizapa, Ushpayacu, Limón, Zancudo, etc. Algo más grave aún, cuando se hace  los exámenes de laboratorio el resultado precisa que no está contaminada, pero la realidad es otra, ya que se mueren nuestros animales que consumen el agua y los peces han desaparecido. Nuestra conclusión es que son exámenes manipulados.

6. Estas grandes empresas fumigan sus cultivos con avioneta, utilizan pesticidas, cuyas componentes son perjudiciales a la salud humana, a la flora y fauna silvestre, a las fuentes de agua consumimos, a las áreas de cultivo de panllevar, quebrantándose nuestra salud día a día.

7. Asimismo, estas empresas,  han comprado predios con constancias de posesión extendidas de favor y en gran parte mediante documento en el que faltándose a la verdad, se precisa que  compran áreas desboscadas, siendo que tienen bosque y en esta forma se benefician con la madera y evitan la exigencia del estudio de impacto ambiental y de la autorización de desbosque. Los campesinos  son procesados por delito contra los bosques y bosques en formación, supuestamente por haber  talado, sin el permiso de desbosque, pero en realidad, son las empresas compradoras las que están desboscando y beneficiándose ilegalmente de la tierra y de la madera.

8. Se benefician también con la  extracción ilegal (roban) de material no metálico, destruyendo los bosques y nacientes de agua como el caso del Cerro Lorocache que afecta a las comunidades de Nuevo Ica, Leoncio Prado, San José Obrero, Nuevo Arequipa, San Miguel, Jorge Chávez, San Pedro de Mayrujay, y otros cerros entre las comunidades de Independencia y Roca Fuerte.

9. Han acaparado tierras con compra venta fraudulentas, bajo presión y violencia en algunos casos, utilizando testaferros y grupos de vigilancia armados, de tal manera que ya existen comunidades en que una gran mayoría de la población no tienen tierra.

10. Vienen impidiendo el acceso de los posesionarios a sus predios con la colocación de tranqueras en los caminos públicos.

Nos han afectado y nos siguen afectando sin que ni el Estado ni la empresa quieran hacerse responsables. Por ello, exigimos:

1. Que se revisen los procesos de adjudicación,  los plazos, los costos y los espacios adjudicados y, hasta los redimensionamientos de los BPP a que fueron sujetos esos territorios.

2. Que se haga una inspección, se haga un inventario  de todas las fuentes te agua que nacen y cruzan los predios de Palmas del Oriente y Palmas del Shanusi, antes y ahora. Se verifique si se han respetado las fajas marginales. Si tienen los permisos para desviar o secar cuerpos de agua, como el caso de la Cocha Muerta.

3. Que se restituyan las fuentes de agua que abastecían nuestras comunidades. Nunca nos faltó buena agua para lavar, bañar, cocinar, ni peces para la comida. Hoy nos traen agua a algunas comunidades, en camiones cisterna, sin que nadie garantice su calidad.

4.  Que se inspeccione los lugares de extracción de material no metálico y se verifique si cuentan con los permisos correspondientes. Exigimos nuestro derecho al agua antes que el ripio para sus trochas.

5. Que se revisen los procesos de Títulos Supletorios en el Poder Judicial de Alto Amazonas, y que se devuelva la tierra a sus posesionarios que han tenido que desprenderse bajo presión.

6. Que se revise y se sancione los daños ambientales ocasionados a nuestros pueblos:

§  El Agua contaminada de quebradas y caños que discurren por el territorio: quebrada Cotoyacu (Comunidad de Cotoyacu); Yanayacu (Comunidad de Puerto Perú y Cotoyacu); Yurac (Comunidad de Bella Selva, San Miguel, Nuevo Arequipa, San Joaquín); Cunchizapa (Comunidad de San Fernando, Leoncio Prado);Chanca Motelo, Chambira (Comunidad Campesina San José Obrero), entre  otras.

§  Los aguajales destruidos en las comunidades de Jorge Chávez y San Pedro de Mayrujay.

§  Los bosques destruidos, los permisos de cambio de uso de suelo y permiso de desbosques en ambas adjudicaciones.

7. Que se respeten los derechos de servidumbre. Que la autoridad correspondiente verifique y obligue  a las empresas de sacar las tranqueras puestas en lugares que siempre fueron caminos de todos los vecinos de las comunidades de: Independencia, Jorge Chávez, San Pedro de Mayrujay, Puerto Perú, Cotoyacu.
8. Que se evalúen los Estudios de Impacto Ambiental, ya que los daños producidos son mayores que los previstos en los EIA.

En consecuencia, el modelo de desarrollo propuesto e impuesto por la corrupción imperante, NO ES DESARROLLO SINO DESTRUCCION DE LAS VERDADERAS POSIBILIDADES QUE TIENEN LOS PUEBLOS PARA GENERAR SU PROPIO DESARROLLO. DEMANDAMOS RESPUESTA Y ACCIONES CONCRETAS E INMEDIATAS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES Y A LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS, REMEDIAR LOS PASIVOS AMBIENTALES. 

¡LA JUSTICIA Y EL DESARROLLO

SE CONSTRUYE RESPETANDO  LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y DE TODO SER VIVIENTE!

Yurimaguas, 24 de Julio de 2018