La situación que vive la provincia de Espinar se torna preocupante. En menos de una semana se han conocido dos noticias que han generado inquietud en sus pobladores y autoridades. En primer lugar, la drástica reducción de las transferencias del canon minero, lo que significa un recorte de más del 90% de los ingresos programados para este año y por otro lado el pedido de diez años de prisión para el alcalde Oscar Mollohuanca y otros dirigentes sociales de la zona.
¿Qué está pasando? ¿Todo es una desafortunada coincidencia? Lo lamentable es que estos hechos le añaden tensión a una zona del país en la que la población y sus autoridades han estado haciendo un enorme esfuerzo para superar el escenario de conflicto que se presentó en mayo de 2012.