“En la medida que se armonice el medio ambiente y se minimice los impactos deben realizarse actividades de extracción”

Con relación al hallazgo de petróleo en la Reserva Nacional Pacaya Samiria

-Sostiene Juan Carlos Ruíz del Instituto de Defensa Legal – IDL

El abogado y constitucionalista Juan Carlos Ruíz Mollera, quien también es miembro del Instituto de Defensa Legal -IDL,  participó en la clausura del Diplomado sobre Justicia Intercultural que se realizó ayer desde las dos de la tarde en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Loreto, en diálogo con “La Región” habló sobre al justicia indígena y otros temas relacionados a la consulta previa.
¿Cuáles han sido los logros del diplomado sobre la justicia indígena dirigido a jueces y fiscales de Loreto?

JCR.- Ha sido un diálogo importante de poder conversar en torno a un conjunto de estándares obligatorios, sobre todo al derecho internacional que regula el derecho de los pueblos indígenas y constituyen elementos importantes para resolver conflictos en temas de actividades extractivas y pueblos indígenas. Ha sido un diálogo muy fructífero con jueces y con fiscales en torno a las nuevas reglas en torno al derecho internacional sobre este tema  y que son claves para encaminar la resolución de los conflictos. Siendo un tema importante entre las empresas que se dedican a actividades extractivas y el Estado, por lo que este Diplomado ha permitido discutir sobre eso.

¿La Justicia Indígena está en el comentario de todos en la actualidad?

JCR.- En realidad, la justicia indígena está reconocida en el artículo 149 de la Constitución Política del Perú, que reconoce que los pueblos indígenas tienen la facultad de impartir justicia en sus territorios de acuerdo a sus costumbres, pero con  el derecho fundamental; nuestra Constitución del año 1993 al igual que los países latinoamericanos han reconocido la facultad de impartir justicia de sus pueblos indígenas. Lo que hay es un desarrollo jurisprudencial muy interesante a nivel de la Corte Suprema, hay un acuerdo plenario muy importante que ha ido desarrollando y resolviendo algunas dudas sobre cómo administrar esta justicia y estableciendo reglas, criterios como por ejemplo coordinar entre la justicia ordinaria y la justicia indígena que es parte del debate, porque en realidad existe un proceso de visibilización de los pueblos indígenas. Es decir los pueblos indígenas eran invisibles políticamente destacó Ruiz Mollera.

¿Existe una controversia sobre la coordinación entre la justicia occidental y la justicia indígena?

JCR.- Es que eso es el tema, la discusión y el debate de cómo coordinan ambas justicias, pero para eso se debe tener claro cuáles son las competencias de cada uno. Hay un proyecto de Ley que está impulsado por el Poder Judicial que se llama Ley de coordinación entre la justicia  comunal y la justicia occidental, pero para que ambas justicias puedan actuar bien tiene que haber competencias materiales, y si eso está claro, la coordinación va a ser más fácil, es decir eso es parte del debate.

Pero debemos destacar que hay  experiencias muy interesantes, como en la Corte de San Martín, los abogados de los abigeos presentan hábeas corpus ante el Poder Judicial, en donde la escuela de justicia intercultural tiene una experiencia muy interesante  que los jueces han sido capacitados y los jueces mismos se acercan a la ronda y preguntan por qué han sido detenidos y hacen un acta en donde se indica que la detención ha sido en marco del ejercicio de las facultades jurisdiccionales y declara infundado el hábeas corpus. Es decir, ya hay esfuerzos que se realizan donde hay justicia indígena, que habría que visibilizarlos y estudiarlos más.

Con relación a la controversia creada porque la empresa Gran Tierra encontró petróleo en el interior de la Reserva Nacional Pacaya Samiria ¿Qué opina usted sobre este tema?

JCR.- Creo que el derecho al medio ambiente está ajeno de protección con la política energética del país, por lo que se tiene que armonizar esto, en la medida que debemos armonizar el medio ambiente y minimizar los impactos,  se puede hacer exploraciones petroleras. Pero hay razones de la gente para seguir desconfiando del Estado. Es el Estado que tiene que dar un shock de confianza y no debe haber destrucción como en la cuenca del Pastaza en donde no hizo nada, al igual que en el río Corrientes y en otros ríos. En el caso del lote petrolero que se encuentra en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, es el Estado el que tiene que dar señales claras de que esta vez va a hacer funciones de fiscalización efectiva y la empresa tiene que cumplirla, es por eso que se realizan las consultas previas y el Estado demuestre que tiene tecnologías y el impacto va a ser mínimo;  aunque después de 18 años que entró en vigencia la consulta previa esperamos que esta vez si el Estado lo haga porque hasta la fecha ningún lote petrolero se ha consultado, eso es una vergüenza.

¿Loreto produce petróleo, sin embargo los pueblos  siguen en el subdesarrollo? 

JCR.- Hay normas que establecen por ejemplo que los pueblos indígenas tiene derecho al cinco y diez por ciento de canon petrolero y eso no se ha cumplido, aunque Perú Petro le da al gobierno regional y a las municipalidades, quienes tienen que invertir en obras de desarrollo de los pueblos indígenas.

Sin embargo, hay un tema en donde se debe tener en cuenta que la OXY dejó siete millones de dólares para arreglar la cuenca del Pastaza que ha sido totalmente insuficiente.  Por lo que también debemos tener en cuenta que el Estado es el tercer ausente,  y no tiene presencia para fiscalizar, las empresas petroleras para quedar bien con las poblaciones construyen hospitales tal como hizo la empresa Perenco en la comunidad de Buenavista en el río Arabela y eso no es obligación de las empresas, es el Estado quien tiene que cobrar más impuestos y dar mejores servicios de salud. El Estado está ausente en muchas actividades y no debe ser así, pero las empresas que llegan para explotar petróleo deben  magnificar sus ganancias.

Finalmente, indicó que diplomados sobre justicia indígena lo van a realizar en otros distritos judiciales del país, felicitando porque en la CSJLO ya existe una oficina de coordinación de justicia indígena.(WGN) (F. La Región)