El acuerdo logrado el pasado 22 de agosto entre el gobierno y las organizaciones de mineros informales, ha provocado una ola de críticas desde diferentes sectores que perciben que el Ejecutivo vuelve a ceder frente a un sector que no desea entrar a un real proceso de formalización.
Representantes del gobierno han señalado que las interdicciones no se han suspendido y que los plazos definitivos tampoco han sido prorrogados, aunque sí se reconoce que algunos plazos intermedios han sido modificados.
Al margen de la especificidad de los acuerdos logrados y si los plazos han sido ampliados o no, lo cierto es que existe la sensación de que el proceso de formalización no logra consolidarse y los diferentes sectores del Estado no se presentan articulados para hacer frente a la problemática.